(CNN) — Como parte de su campaña para recuperar la Casa Blanca, Donald Trump dejó claro que en un segundo mandato trasladaría decenas de miles de empleos federales fuera del «pantano de Washington» y hacia «lugares llenos de patriotas que aman a Estados Unidos».
“Así es como destruiré el Estado profundo”, dijo Trump en un video de campaña.
La reubicación de empleos federales fuera de Washington fue algo que Trump emprendió cerca del final de su primer mandato, trasladando la sede de la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) a más de 3.200 kilómetros al oeste, a Grand Junction, Colorado.
No obstante, si ese movimiento es un indicio de lo que está por venir, el impulso masivo para reubicar empleos federales fuera del Beltway conlleva el riesgo de paralizar a las agencias debido a la pérdida de trabajadores experimentados y sumergirlas en minucias logísticas.
El traslado de la BLM se convirtió en un fiasco improductivo marcado por un éxodo de empleados experimentados y un aumento en las vacantes que, de acuerdo con media decena de empleados actuales y anteriores de alto nivel de la BLM, incluida la directora actual de la agencia, y una revisión de CNN de los registros gubernamentales, socavó la agenda de la administración Trump de entonces.
Esa reubicación occidental fue «extremadamente disruptiva» y debería servir como un «cuento de advertencia» para el próximo Gobierno de Trump, dijo Tracy Stone-Manning, directora de la BLM de la administración Biden.
«Son años de costo de oportunidad cuando podríamos y deberíamos estar enfocados en el trabajo de la oficina, para las tierras públicas y el pueblo estadounidense, y en su lugar tuvimos que enfocarnos en reconstruir la oficina», dijo Stone-Manning. «Todavía estamos juntando las piezas».
Exfuncionarios de Trump disputan esa crítica y argumentan que el traslado mejoró la eficiencia y atrajo a solicitantes de empleo que no habrían estado interesados en mudarse a Washington, donde el costo de vida es más alto que en Grand Junction. Además, algunas fuentes anteriores de la BLM dijeron a CNN que el traslado a Colorado permitió a los altos funcionarios forjar mejores relaciones con funcionarios del Gobierno local familiarizados con las vastas extensiones de tierras públicas que la agencia supervisa.
Aun así, los comentarios de Stone-Manning resonaron con un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de 2021 que encontró que la reubicación hizo que las vacantes en la sede de la BLM casi se triplicaran en menos de un año. De los 176 empleados que necesitaban reubicarse, solo 41 aceptaron sus reasignaciones y el resto dejó sus puestos.
El traslado también complicó las relaciones de la agencia con el Congreso y otras oficinas federales —no hay vuelos directos entre Washington y Grand Junction, por ejemplo— y terminó costando alrededor de US$ 20 millones en dos años, dijeron algunas fuentes de la BLM.
Un empleado de la Oficina de Administración de Tierras acaricia un caballo en el condado de Mesa, Colorado, el 1 de junio de 2014. (Crédito: AAron Ontiveroz/Denver Post/Getty Images)
«No tenía sentido»
El Gobierno de Biden anunció que la sede de la BLM se trasladaría de nuevo a Washington en 2021, creando lo que algunas fuentes dijeron fue un efecto de ping-pong que perpetuó la inestabilidad para algunos empleados atrapados en el medio, lo que temen podría continuar con más reversiones en el próximo mandato de Trump.
«Lo que terminas haciendo es obligar a la gente a hacer las cosas una y otra y otra vez», dijo Mary Jo Rugwell, quien se retiró como directora estatal de la BLM en 2019 y ahora es presidenta de la Public Lands Foundation, un grupo de defensa. «Es un tremendo desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo».
Algunos empleados actuales y anteriores argumentaron además que las vacantes contribuyeron a obstáculos para la administración Trump, como deficiencias que crearon oportunidades para desafíos legales contra los planes de perforación de petróleo. La agencia gestiona aproximadamente una décima parte de la superficie del país y casi un tercio de sus minerales y suelos.
«Cuando pierdes todo ese conocimiento, pierdes el conocimiento de los procesos y cómo trabajarlos de manera efectiva», dijo Joe Tague, quien se retiró como jefe de división de la BLM a principios de 2020. «No tenía sentido.»
Algunas fuentes de la BLM añadieron una salvedad de que el traslado de la sede puede no ser el ejemplo perfecto de lo que podría suceder en futuras reubicaciones porque la pandemia golpeó en 2020, lo que llevó a muchos empleados a trabajar de forma remota, y luego el equipo de Biden trasladó la oficina de nuevo poco después.
Proyecto 2025, un plan conservador escrito por decenas de exfuncionarios de la administración Trump, recomendó devolver la sede de la BLM al oeste.
Cuando se le preguntó sobre hasta qué punto Trump trasladará a más trabajadores federales fuera de Washington, su equipo de transición se negó a compartir detalles, pero dijo a CNN que cumplirá sus promesas.
«El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump por un margen rotundo, dándole un mandato para implementar las promesas que hizo en la campaña. Él cumplirá», escribió la portavoz de transición Trump-Vance, Karoline Leavitt, en un comunicado.
«Un tiempo salvaje y loco para los federales»
Mientras los empleados de la BLM anticipan la llegada de la administración Trump, Stone-Manning dice que ahora están esperando «con cierto nivel de preocupación» escuchar si es inminente otra orden que podría cambiar sus vidas.
Tracy Stone-Manning habla durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado en Washington el 8 de junio de 2021. (Crédito: Caroline Brehman/CQ-Roll Call/Getty Images)
Además de las posibles reubicaciones, los trabajadores federales durante la próxima administración pueden esperar cambios en la naturaleza de sus trabajos, el tipo de apoyo que reciben y el nivel de tensión con los designados políticos en sus agencias, dijo Donald Kettl, profesor emérito de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland.
«Va a ser un tiempo salvaje y loco para los federales con una tremenda cantidad de incertidumbre introducida», dijo.
La administración Trump originalmente presentó el traslado de la sede de la BLM al oeste como una forma de ahorrar dinero y acercar a los empleados a las tierras y comunidades que sirven.
La mayoría de los empleados de la BLM ya trabajaban en estados fuera de Washington, pero un nivel desproporcionado de empleados de alto nivel trabajaba en la capital de Estados Unidos.
«Este enfoque jugará un papel invaluable en servir al pueblo estadounidense de manera más eficiente», dijo David Bernhardt, el entonces secretario del Departamento del Interior, que supervisa la BLM, al anunciar la reorganización en 2019.
El movimiento rápidamente cayó bajo escrutinio.
El representante Raúl Grijalva, un demócrata de Arizona que entonces presidía el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, calificó el plan como un esfuerzo velado para recortar personal, repartir favores a intereses especiales y frustrar el escrutinio del Congreso.
Añadiendo leña al fuego, el entonces jefe de gabinete interino de Trump, Mick Mulvaney, sugirió en un evento republicano ese año que mover una agencia fuera de Washington era una forma efectiva de hacer que el personal renunciara y dijo: «Es realmente, realmente difícil drenar el pantano, pero estamos trabajando en ello», según un informe del Washington Examiner en ese momento.
En una audiencia de la Cámara un mes después, la Tribu India Ute testificó que el Departamento del Interior no consultó con las tribus indias sobre la propuesta de reorganización y reubicación de oficinas que administran tierras y recursos naturales indios, lo que la tribu calificó de «inaceptable.»
El presidente de Ute Mountain Ute, Manuel Heart, se encuentra en tierras de la Reserva Ute Mountain Ute en Towaoc, Colorado, el 1 de octubre de 2021. (Crédito: Rebecca Slezak/Denver Post/Getty Images/Archivo)
«Desarrollar un sentido de los impactos locales»
William Perry Pendley, entonces subdirector de la BLM, defendió el plan en 2019 en medio de un interrogatorio por parte de legisladores demócratas y dijo que el traslado reduciría los costos de viaje y los pagos de arrendamiento de edificios. Afirmó que el traslado llevaría a los funcionarios a «desarrollar un sentido de los impactos locales de las decisiones de la BLM de una manera más profunda y significativa de lo que se puede hacer como visitante», y señaló que algunos empleados, como aquellos que trabajaban en asuntos legislativos y presupuestarios, se quedarían en Washington.
Sin embargo, un informe del inspector general encontró más tarde que los funcionarios de la administración Trump engañaron al Congreso en declaraciones sobre la reubicación. Los funcionarios declararon que la BLM no podía quedarse en su ubicación en Washington después de que expirara su contrato de arrendamiento en 2021 porque la tarifa superaría los US$ 50 por metro cuadrado, pero el inspector general encontró que la BLM no tenía investigación de mercado sobre la tarifa real de arrendamiento.
El traslado procedió, y los empleados comenzaron a salir de la sede de la BLM en masa. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) encontró que las vacantes en la sede aumentaron de 121 en julio de 2019 a 326 en marzo de 2020, pero luego cayeron a 142 en mayo de 2021. La reubicación también provocó una disminución en la diversidad de la sede, de acuerdo con el informe.
Los empleados de la agencia dijeron a la GAO que las vacantes en la sede causaron retrasos en la creación o aclaración de políticas y afectaron negativamente el rendimiento, ya que la agencia dependía cada vez más de empleados menos experimentados reasignados de otras oficinas.
Un empleado de la BLM, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que en medio de las vacantes se tomaron atajos en los análisis de los impactos ambientales de los proyectos, lo que a su vez pudo haber hecho a la agencia más vulnerable a demandas.
Una coalición de grupos ambientalistas, por ejemplo, presentó una demanda a principios de 2020 que alegaba que la BLM no consideró el daño potencial a la salud y la recreación en un cierto plan para la perforación de petróleo y fracking en California. El caso se resolvió durante el Gobierno de Biden.
Ese empleado dijo que lo que parecía ser solo un puñado de personal de la sede se trasladó a trabajar en Grand Junction, mientras que otros se dispersaron por todo el oeste, por lo que los equipos aprendieron a trabajar juntos de forma remota.
Hubo algunos beneficios. Eric Kriley, exdirector de la oficina de cumplimiento de la ley de la BLM, dijo a CNN que, en su opinión personal, una reunión en persona en la sede reubicada de la BLM con algunos representantes de una asociación de sheriffs de Utah resultó invaluable para sus esfuerzos de construcción de coaliciones.
Futuro incierto
Bajo el Gobierno de Biden en 2021, el Departamento del Interior anunció un plan para restaurar la sede oficial de la BLM en Washington mientras continuaba creciendo la oficina de Grand Junction como una «sede occidental».
Pendley, quien se convirtió en director interino de la BLM bajo Trump, escribió más tarde para Proyecto 2025 que la reubicación al oeste «fue el epítome de la buena gobernanza» y citó cómo los occidentales ya no tenían que viajar a través del país para abordar asuntos de la agencia. También disputó la noción de que la agencia experimentó una «fuga de cerebros» y afirmó que la sede recibió muchas solicitudes de empleo de personas que dijeron que no habrían solicitado puestos con base en Washington.
Pendley argumentó además que el costo de aproximadamente US$ 18 millones asociado con el traslado se compensó con ahorros en viajes y arrendamientos que crecerían con el tiempo.
Un portavoz actual de la BLM dijo que la factura total por el traslado al oeste fue de aproximadamente US$ 20 millones, sin incluir el costo de los viajes de liderazgo entre Grand Junction y Washington o el costo de reemplazar y capacitar al personal.
Una vista desde la Grand Mesa el 23 de septiembre de 2019 cerca de Grand Junction, Colorado. (Crédito: RJ Sangosti/Denver Post/Getty Images)
El Gobierno Biden ha recibido llamados para implementar regulaciones que dificultarían que una futura administración Trump reubique oficinas de agencias y reduzca el personal federal, pero la Oficina de Gestión de Personal no ha actuado sobre la propuesta.
Los trabajadores federales están ahora en alerta. Además de más reubicaciones de oficinas, Trump prometió en la campaña restablecer una orden ejecutiva de 2020 conocida como Schedule F, que le daría el poder de comenzar despidos de empleados federales no partidistas que podrían complicar sus planes partidistas.
Los futuros esfuerzos para trasladar oficinas federales fuera de Washington podrían llevar a más trabajadores federales a sindicalizarse. La reubicación de la oficina central de la BLM, por ejemplo, contribuyó a una votación de los empleados de la sede de la BLM para unirse a un sindicato en 2022, según un comunicado del presidente de ese sindicato.
Stone-Manning, la actual jefa de la BLM, advirtió que una salida masiva de trabajadores federales experimentados podría perjudicar, no ayudar, la eficacia del Gobierno.
«La pérdida de expertos de carrera, ellos aportan décadas de experiencia en políticas, experiencia política astuta, por lo que hace más difícil lograr cualquier objetivo político independientemente de las inclinaciones políticas», dijo. «No solo hay una interrupción para los propios empleados. Hay una interrupción seria en el trabajo, y el trabajo es en nombre del pueblo estadounidense».
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