Redacción.- La justicia de Honduras declaró este jueves «culpables» a las 15 integrantes de una pandilla por la muerte violenta de 46 reclusas en un hecho ocurrido el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
La declaración de «culpables» fue dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que además fijó para el 23 de enero de 2025 la individualización de la pena contra las acusadas, dijo a los periodistas una fuente de la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público (Fiscalía) indicó en un comunicado que la Sección en Muertes Cometidas por Estructuras Criminales de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), después de evacuar 97 medios probatorios durante el juicio oral y público, logró fallo condenatorio de las 15 integrantes de la pandilla 18, por el asesinato de 46 mujeres que guardaban prisión en la PNFAS.
«A todas ellas las declararon penalmente culpables de 46 delitos de asesinato, 4 asesinatos en su grado de ejecución de tentativa inacabada, asociación para delinquir, incendio cualificado; además, 3 por porte ilegal de armas de uso comercial, 3 de arma de uso prohibido y una por porte de municiones prohibidas y de uso comercial», señaló la Fiscalía.
La masacre en la prisión femenina, situada unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, ocurrió durante una reyerta, al parecer entre integrantes de dos pandillas enemigas, ‘M-18’ y ‘M-13’, en la que 23 mujeres murieron a causa de armas de fuego y blancas, mientras que las otras 23 por las quemaduras en un incendio en una celda.
Más de un año después de la peor tragedia ocurrida en una cárcel femenina de Honduras, el Departamento de Medicina Forense de la Fiscalía no ha logrado identificar el cuerpo de una de las víctimas.
Según la Fiscalía y la Dirección Policial de Investigaciones, la muerte de las 46 mujeres fue «un hecho planificado» por pandilleras de la mara Barrio 18, presas también en la PNFAS.
Dos días después de la masacre, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, dijo que la matanza fue planificada «adentro y afuera» de la prisión y que algunas armas y municiones utilizadas pertenecen a la Policía hondureña.
El abogado hondureño Fernando González dijo en junio que las familias de las víctimas ya agotaron las instancias internas, por lo que solo les queda la vía internacional para intentar lograr justicia.
«Ya se agotó la vía judicial nacional, ahora queda pasar al ámbito internacional a interponer las denuncias correspondientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que pueda sancionar al Estado de una manera indemnizatoria», advirtió González, quien representa a siete de las 46 familias.
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