(CNN) — El fiscal especial Jack Smith se propuso demostrar en el caso Estados Unidos de América contra Donald J. Trump que ni siquiera los presidentes están por encima de la ley.
En lugar de ello, sus fallidos procesamientos acabaron haciendo a Trump aún más poderoso mientras el eufórico presidente electo se prepara para volver al cargo el 20 de enero.
La decisión de Smith de plegarse a lo inevitable y archivar sus casos sobre la supuesta injerencia electoral de Trump y el acaparamiento de documentos clasificados representó una victoria trascendental para el 45º y 47º presidente.
El caso de las elecciones federales dio lugar a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que concede a un presidente inmunidad limitada por actos oficiales. Es probable que esto refuerce la creencia de Trump de que tendrá una autoridad casi sin control y, por tanto, repercutirá en los próximos cuatro años y en las generaciones venideras.
Y un presidente –que se negó a aceptar la voluntad de los votantes, principio básico de la democracia, tras perder unas elecciones y luego dijo a sus partidarios que «lucharan como el demonio» antes de invadir el Capitolio estadounidense– no pagará ningún precio legal duradero.
Una circunstancia sin precedentes
Smith, en su sombría jerga jurídica, esbozó la enormidad de la realidad estadounidense.
«El Departamento (de Justicia) y el país nunca se han enfrentado a la circunstancia que nos ocupa, en la que una acusación federal contra un ciudadano privado fue emitida por un jurado investigador y un proceso penal ya está en marcha cuando el acusado es elegido presidente». Añadió que, según la política del Departamento de Justicia, el caso no puede seguir adelante porque la Constitución prohíbe la acusación o el procesamiento de presidentes en ejercicio. Pero también dejó claro que el resultado no está «basado en los méritos o la fuerza del caso contra el acusado».
En otras palabras, los votantes eligieron a un presidente bajo acusación penal federal a pesar de que sigue acusado de uno de los crímenes más graves contra la democracia en la historia de Estados Unidos. Trump se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan.
Y al votar de la forma en que lo hicieron, los estadounidenses lo exoneraron de hecho en los casos federales, por cargos que podrían haberlo llevado a la cárcel.
Irónicamente, la misma democracia que Trump había intentado subvertir fue la que le liberó legalmente.
Los casos estaban condenados de todos modos, ya que Trump prometió despedir a Smith tan pronto como asumiera el cargo.
Pero el paso dado por Smith este lunes validó la estrategia legal y política de Trump, que implicó repetidos retrasos, a veces con la ayuda de jueces conservadores, y el imperativo absoluto de ganar las elecciones presidenciales, una hazaña que parecía improbable cuando fue acusado por primera vez.
Qué significa la frustración de la rendición de cuentas
La elusión de la rendición de cuentas por parte de Trump tendrá consecuencias a corto y largo plazo.
Su segundo mandato, que ya ha prometido dedicar a la «retribución», tiene el potencial de desarrollarse en un ambiente de impunidad aún mayor que el primero. Al fin y al cabo, Trump accede al cargo por segunda vez habiendo comprobado que su método de poner a prueba el Estado de Derecho hasta sus límites tenía pocos inconvenientes, aparte del simbolismo de su segunda destitución por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
«Para Donald Trump, su estrategia de retrasar, retrasar, retrasar y luego ganar las elecciones para acabar con los litigios, resulta ser una de las últimas historias de éxito», dijo James Sample, profesor de Derecho en la Universidad de Hofstra, a Julia Chatterley en “First Move” de CNN International. «Sin duda es una victoria en términos de evitar la rendición de cuentas, lo que significa que es una pérdida para el Estado de Derecho que se tardara tanto en llevar estos casos a juicio que, de hecho, nunca llegaron a juicio antes de las elecciones».
La incapacidad de Smith para hacer rendir cuentas al presidente electo –por el ataque más flagrante a la integridad de las elecciones de los tiempos modernos– también tendrá eco a lo largo de los tiempos.
Muchos republicanos ya están convencidos de que Trump fue injustamente señalado. Pero algún futuro presidente, dentro de décadas, podría decidir inmiscuirse en el resultado de unas elecciones que perdió sabiendo que un predecesor se salió con la suya.
El fiscal especial Jack Smith da declaraciones sobre una acusación recientemente revelada, que incluye cuatro cargos por delitos graves contra Donald Trump, en la ciudad de Washington el 1 de agosto de 2023. Crédito: Drew Angerer/Getty Images.
La apuesta de Smith fracasó
En Washington, la juez Tanya Chutkan, que iba a presidir el juicio político del siglo en el caso federal de interferencia electoral, accedió rápidamente a la petición de Smith de desestimar el caso sin prejuicios, lo que significa que, en teoría, Trump podría volver a enfrentarse a los mismos cargos cuando deje el cargo. Pero las posibilidades de que se reanude el juicio dentro de cuatro años son muy remotas, incluso si un demócrata está en la Casa Blanca.
El plegamiento de las acusaciones federales también plantea interrogantes para Smith y el Departamento de Justicia.
Los demócratas se quejaron durante mucho tiempo de que el secretario de Justicia, Merrick Garland, esperó demasiado tiempo para nombrar a un fiscal especial para investigar a Trump por su intromisión en las elecciones de 2020. Después de todo, una comisión selecta del Congreso bajo la anterior mayoría demócrata de la Cámara pasó meses investigando el asunto. El caso podría haber llegado a juicio si Garland se hubiera movido con más rapidez. Ciertamente, hubriera habido más tiempo para que se desarrollasen las apelaciones a la Corte Suprema de Justicia que los demócratas pensaban que estaban contaminadas por las tácticas de retraso politizadas de la mayoría conservadora.
En todo momento hubo otra consideración profunda que se cernió sobre el caso. A pesar del horror de lo que ocurrió el 6 de enero de 2021, y de la conmoción de que un presidente utilizara sus amplios poderes para intentar robar unas elecciones que había perdido, la decisión de procesar siempre iba a sacudir a la nación y a su torturada política.
Smith siguió las pruebas hasta donde creía que conducían y consiguió acusaciones a través de jurados investigadores que estaban convencidos de que había causa probable de que se hubiera producido actividad delictiva en ambos casos. Esa es la práctica habitual de los fiscales.
Pero incluso algunos juristas que simpatizan con la idea de que Trump debería rendir cuentas por intentar anular unas elecciones se preguntaron si las teorías jurídicas en las que se basó Smith eran algo novedosas. Pero, ¿cómo no iban a serlo? Ningún presidente antes se atrevió a hacer lo que Trump intentó.
Y el asunto de llevar a juicio a un expresidente siempre iba a plantear un dilema más agudo: ¿realmente era de interés nacional tratar de llevar a un excomandante en jefe a un juicio ante un tribunal, dado el tumulto que ese cruce del Rubicón histórico siempre estaba destinado a causar?
Al mismo tiempo, sin embargo, no actuar contra un intento de robar unas elecciones y el supuesto almacenamiento no autorizado de documentos clasificados habría consagrado un principio antiestadounidense según el cual los presidentes pueden infringir la ley, pero los demás ciudadanos no.
No correspondía a Smith considerar las implicaciones políticas de sus acusaciones. Pero acusar a Trump en dos casos distintos antes del año electoral, cuando el expresidente ya era candidato, siempre iba a avivar el alboroto partidista. Existe un buen argumento para afirmar que este curso reavivó la carrera política de Trump.
El impacto de los dos casos federales –y de otros dos procesamientos en un caso de pagos de dinero por silencio en Nueva York, en el que Trump fue condenado, y otro asunto de interferencia electoral en Georgia que aún está pendiente de juicio– fue unificar al Partido Republicano en torno a Trump en las primarias. En las elecciones generales, millones de votantes republicanos creyeron su argumento de que no solo era inocente, sino que era un disidente perseguido por un sistema judicial armado. «Me acusan por ustedes», había dicho.
Quizá los casos de Smith habrían sido menos radiactivos políticamente si Trump no se hubiera enfrentado también a otros múltiples casos. La ficha policial de Trump en el asunto de Georgia, por ejemplo, fue un momento de galvanización para sus partidarios. Y el espectáculo de los agentes del FBI registrando su club de Florida en busca de documentos clasificados proporcionó una imagen poderosa para un expresidente que declaró haber sido procesado injustamente.
El otrora y futuro presidente puso el broche de oro a su narrativa deformadora de la realidad de que él era la víctima, y no el autor, de la interferencia electoral. «Fue un secuestro político, y un punto bajo en la historia de nuestro país que algo así pudiera haber sucedido, y sin embargo, perseveré, contra todo pronóstico, y GANÉ. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!», escribió Trump en Truth Social este lunes.
Donald Trump comparece en el tribunal por su juicio sobre pagos de dinero por silencio en el Tribunal Penal de Manhattan el 30 de mayo, en la ciudad de Nueva York. (Crédito: Steven Hirsch/Getty Images)
El Capitolio será el telón de fondo de la validación de Trump
Hace cuatro años, una nación enferma por una pandemia única en el siglo estaba siendo sometida a otro calvario debido a la incapacidad de un hombre para afrontar el hecho de que perdió las elecciones generales de 2020.
Así que vale la pena volver a la acusación original de Smith para recordar la conducta grave y sin precedentes que se le imputaba en el caso de injerencia electoral y por la que ahora es casi seguro que Trump no tendrá que rendir cuentas.
«El acusado perdió las elecciones presidenciales de 2020”, escribió Smith. “A pesar de haber perdido, el acusado estaba decidido a permanecer en el poder. Así que, durante más de dos meses después del día de las elecciones, el 3 de noviembre de 2020, el acusado difundió mentiras afirmando que hubo un fraude determinante en los resultados de las elecciones y que él había ganado. Estas afirmaciones eran falsas, y el acusado sabía que eran falsas. Sin embargo, las repitió y las difundió ampliamente de todos modos, con el objetivo de hacer que sus afirmaciones, sabidamente falsas, parecieran legítimas, crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y erosionar la confianza pública en la administración de las elecciones».
Incluso el propio Departamento de Justicia de Trump dictaminó que no hubo fraude significativo en las elecciones de 2020 que hubiera alterado el resultado. Casi todos los desafíos legales de Trump fracasaron, y Joe Biden fue debidamente investido, dos semanas después de que la multitud de su predecesor intentara detener la certificación del Congreso de su victoria.
El representante Dan Goldman, un demócrata de Nueva York que sirvió como abogado principal en el primer juicio político de Trump, dijo que entendía por qué Smith había seguido la orientación del Departamento de Justicia. Pero también retrató la evasión de Trump de un juicio como un día oscuro para Estados Unidos.
«Creo que esto es una vergüenza para la justicia en este país. Establece que Donald Trump está por encima de la ley», dijo a Boris Sánchez de CNN.
Trump demostrará esa apreciación en menos de dos meses en la fachada oeste del Capitolio, cuando jure «preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos» en el suelo sobre el que se arremolinó su turba el 6 de enero de 2021.
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