Redacción.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este jueves de «progresista» la ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y «autoridades» del Estado, aprobada por el Parlamento, controlado por el chavismo.
«Es una ley progresista, una ley avanzada, una ley en defensa de Venezuela, es una ley para acabar con la impunidad, era una ley necesaria», señaló el mandatario en un programa transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Maduro dijo que si Estados Unidos «aprieta su marcha» para «tratar de hacerle daño» a la nación caribeña, entonces su Gobierno lo hará para «hacerle bien al pueblo, proteger a la gente, fortalecer la institucionalidad».
Asimismo, pidió a los diputados explicar la ley en todo el país, al tiempo que anunció que convocará a una «gran manifestación», sin precisar la fecha, para firmar el texto legislativo y se publique en la Gaceta Oficial.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó este jueves la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, que también contempla multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas contra el Gobierno.
La norma, aprobada por unanimidad, incluye la inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos «delitos», lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela» también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.
