Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado acciones legales tras recibir reportes de que el empresario Antonio Espaillat López estaría intentando traspasar bienes a su favor, lo que ha sido interpretado por el Ministerio Público como un intento de evitar responsabilidades civiles con las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set.
Bajo la dirección de Wilson Gómez, la Dirección de Persecución ha activado una serie de procedimientos judiciales sobre las compañías Inversiones E y L SRL, Jet Set Club, y otras propiedades vinculadas a Espaillat. Estas acciones forman parte de la investigación en curso sobre el desastre ocurrido en el referido establecimiento, que dejó un saldo de 232 fallecidos y más de 180 personas lesionadas.
Como parte del proceso legal en curso, las autoridades han tomado medidas cautelares para detener posibles traspasos de bienes relacionados con el empresario Antonio Espaillat. Estas acciones buscan garantizar la protección de los derechos de las víctimas, luego del colapso del techo de concreto en la discoteca Jet Set el pasado martes 8 de abril, durante una fiesta en la que se presentaba el merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el lugar.
Una fuente cercana al caso confirmó que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de restricciones legales sobre cualquier operación financiera o patrimonial relacionada con las empresas vinculadas a Espaillat, quien figura como propietario del establecimiento siniestrado. Estas disposiciones se ejecutan bajo el marco jurídico de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, aunque se aclaró que no se investiga al empresario por este delito, sino que se utiliza esta figura legal como mecanismo preventivo para frenar el movimiento de activos.
El objetivo de estas acciones es impedir que los bienes puedan ser transferidos, vendidos o modificados en su titularidad mientras avanza la investigación judicial. El enfoque está centrado en las sociedades comerciales directamente asociadas a Espaillat, incluyendo la razón social que operaba el reconocido centro nocturno de la capital dominicana.
Pese a que el empresario ha manifestado públicamente su disposición a cooperar con la justicia, el Ministerio Público ha procedido a revisar la documentación legal de sus compañías, las licencias comerciales, pólizas de seguros, estructuras físicas del local y el cumplimiento de las normativas reglamentarias exigidas para este tipo de negocio.
La Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-11, establece en su artículo 169 que esta institución es la encargada de dirigir las investigaciones penales y ejercer la acción pública en representación del interés colectivo. En su primer párrafo, la normativa dispone que debe velar por la protección de los derechos fundamentales, facilitar mecanismos alternativos de solución de conflictos y salvaguardar tanto a víctimas como a testigos.
Por su parte, el artículo 170 consagra la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio Público, señalando que sus actuaciones deben regirse por principios como la legalidad, jerarquía, responsabilidad, unidad de criterios y actuación individualizada.
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