SANTO DOMINGO, RD.- La decisión de anulación del Tribunal Constitucional de la Ley 1-24 que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, y el ultimátum al Congreso para que elabore una nueva normativa del Código Procesal Penal, genera cuestionamientos entre los legisladores de diferentes partidos, y admiten que en lo adelante deberán tener más cuidado al momento de legislar.
Legisladores de diferentes partidos reconocen el desliz que en varias ocasiones ha tenido el Congreso Nacional al aprobar proyectos de leyes importantes, sin el debido procedimiento.
Y es que el Tribunal Constitucional desde su creación ha venido enderezando entuertos que salen de la sede legislativa.
Está vez la criticada ley que crea la nueva DNI fue anulada, y aunque los partidos opositores PLD, Fuerza del Pueblo y PRD cuestionan el fondeo de la ley por considerarla violatoria a los derechos, los jueces tomaron la decisión basada en el procedimiento legislativo.
Para los congresistas la decisión del TC debe interpretarse como una oportunidad para construir una normativa más robusta y respetuosa de los valores democráticos. Reorganizar la inteligencia dominicana es prioritario, pero en línea con la Constitución y el Estado de derecho.
En el caso del Código Procesal Penal, el Congreso Nacional debe elaborar una nueva normativa que subsane la irregularidad, dentro un plazo no mayor de un año.
